Analistas advierten sobre la creciente politización del sistema judicial en México

La percepción sobre el uso político de la justicia en México ha cobrado relevancia durante este mes de julio de 2026, ante el desarrollo de diversos procesos judiciales que involucran a figuras públicas y exfuncionarios. Diversos observadores y organizaciones civiles señalan que la actuación de la Fiscalía General de la República y otros órganos jurisdiccionales muestra una disparidad en los criterios aplicados, lo que ha generado un intenso debate en el Congreso de la Unión sobre la autonomía del Poder Judicial.

Desde la oposición en el Senado de la República se ha manifestado una preocupación constante por lo que denominan una estrategia de selectividad judicial. Según estos legisladores, los criterios para iniciar investigaciones parecen ajustarse a las prioridades del régimen actual, dejando de lado expedientes que involucran a integrantes de la administración federal, mientras se aceleran procesos contra críticos o adversarios políticos del actual gobierno.

Por su parte, especialistas en derecho constitucional sugieren que esta coyuntura evidencia la fragilidad de los contrapesos institucionales. Argumentan que cuando la procuración de justicia se alinea con objetivos políticos, se erosiona la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, transformando los tribunales en espacios donde se dirimen disputas de poder en lugar de garantizar una justicia técnica y expedita para la población en general.

En respuesta a estas críticas, voceros del gobierno han desestimado los señalamientos, afirmando que las instituciones actúan conforme a derecho y que el combate a la corrupción es una prioridad absoluta de la gestión vigente. Aseguran que cualquier investigación en curso responde exclusivamente a elementos probatorios presentados ante la autoridad, y no a una consigna política dirigida desde las cúpulas del poder ejecutivo.

El debate se mantiene abierto mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfrenta el reto de resolver controversias que ponen a prueba la división de poderes. La ciudadanía observa con atención estos procesos, esperando que la impartición de justicia se mantenga ajena a los ciclos electorales y a las presiones de los grupos políticos, garantizando así la estabilidad democrática del país.