Avanza iniciativa para investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio

El Congreso de la Unión analiza una iniciativa de reforma que busca estandarizar los protocolos de investigación en el país, estableciendo la obligatoriedad de indagar toda muerte violenta de una mujer bajo la tipificación de feminicidio. La propuesta, discutida este jueves en comisiones, plantea que esta clasificación sea el punto de partida automático para cualquier carpeta de investigación, independientemente de las circunstancias iniciales del hallazgo.

De acuerdo con los planteamientos presentados por los legisladores, el objetivo central es evitar la revictimización y garantizar que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República agoten todas las líneas de investigación con perspectiva de género. La iniciativa establece que el Ministerio Público solo podrá descartar la figura del feminicidio si, tras realizar las diligencias periciales y forenses necesarias, se demuestra de manera fehaciente que la causa de muerte corresponde a una naturaleza distinta.

Especialistas en el ámbito jurídico han señalado que esta medida busca cerrar las brechas de impunidad que actualmente existen en diversas entidades federativas. El argumento central es que, al registrar los hechos desde un inicio con la máxima gravedad, se asegura la preservación de pruebas, el seguimiento de protocolos técnicos especializados y una atención integral a los familiares de las víctimas durante las etapas procesales iniciales.

La propuesta también contempla la armonización de criterios entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las procuradurías locales para que la recolección de datos sea uniforme. Los promotores de la iniciativa enfatizaron que, aunque se trata de una modificación procedimental, su implementación requiere una coordinación estrecha con las autoridades forenses para asegurar que los dictámenes sean científicos y contundentes.

En caso de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, la reforma obligaría a realizar ajustes operativos en las unidades de investigación de delitos contra la mujer. Se espera que en los próximos meses el debate se centre en la suficiencia presupuestal necesaria para que los servicios periciales cuenten con la capacidad técnica requerida para atender este nuevo estándar de investigación en todo el territorio nacional.