Baja California Sur registra 211 entierros clandestinos en cinco años

Entre 2021 y julio de 2026, Baja California Sur ha registrado el hallazgo de 211 entierros clandestinos, una cifra que evidencia la crisis de seguridad que persiste en el estado. Mientras la administración del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío enfatiza inversiones en infraestructura tecnológica y presupuestos destinados a la seguridad pública, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas señalan una deuda pendiente con las 1,208 personas que permanecen en calidad de no localizadas en territorio sudcaliforniano.

La disparidad entre los anuncios oficiales sobre modernización y la realidad en campo ha generado fricciones con diversos colectivos de búsqueda. Estas agrupaciones sostienen que, a pesar de los despliegues de la Guardia Nacional y la coordinación con la Secretaría de Marina, los recursos operativos resultan insuficientes para las labores de prospección en zonas desérticas y costas de difícil acceso, donde suelen ubicarse los hallazgos.

El gobierno estatal ha propuesto fortalecer las capacidades de la Fiscalía General del Estado mediante la adquisición de equipo forense avanzado y la ampliación de los centros de identificación humana. No obstante, las familias afectadas insisten en que la prioridad debe ser el acompañamiento integral y la transparencia en el procesamiento de los restos localizados, subrayando que la tecnología no sustituye la voluntad política necesaria para la búsqueda de verdad.

La situación en Baja California Sur refleja un fenómeno complejo donde el auge turístico, que representa el motor económico del estado, contrasta con las zonas de silencio donde operan grupos delictivos. Los expertos en seguridad sugieren que el crecimiento desmedido en ciertas regiones ha facilitado la consolidación de puntos estratégicos para el crimen organizado, lo cual desafía las estrategias de contención implementadas por las autoridades federales y locales en los últimos años.

Ante este panorama, la exigencia social se mantiene centrada en la búsqueda con vida y la identificación forense digna. Las autoridades han manifestado su disposición para establecer mesas de trabajo permanentes con los colectivos, buscando integrar sus observaciones en las futuras políticas públicas de búsqueda y atención a víctimas, bajo un esquema que permita mayor celeridad en las investigaciones judiciales.