viernes, 25 de septiembre de 2026
Política

DHS solicita a la Suprema Corte reactivar deportaciones a terceros países

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha interpuesto un recurso ante la máxima instancia judicial para revertir el bloqueo a sus políticas de retorno.

Redacción Enlace Caribe
Foto: moncloa.com

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos presentó formalmente este viernes una solicitud ante la Suprema Corte para que se autorice la reanudación de las deportaciones de migrantes hacia terceros países considerados seguros. Esta acción surge como respuesta directa al revés judicial sufrido recientemente en el Primer Circuito, tribunal que había frenado la implementación de estas medidas migratorias tras considerar diversos cuestionamientos legales sobre su ejecución.

La administración estadounidense busca con este recurso jurídico que el máximo tribunal levante la suspensión actual, argumentando que las deportaciones son herramientas indispensables para gestionar los flujos migratorios en sus fronteras. La petición del DHS subraya la urgencia de restaurar las facultades ejecutivas necesarias para trasladar a personas solicitantes de asilo hacia naciones que han sido designadas bajo tratados internacionales como puntos de recepción seguros, evitando así la saturación de los centros de procesamiento locales.

Por su parte, los representantes legales de los grupos de migrantes y organizaciones civiles involucradas en el litigio han sido notificados de la solicitud. Se espera que la contraparte presente sus alegatos y argumentos de defensa el próximo lunes, jornada en la que se definirá la estrategia judicial para contrarrestar la petición del gobierno estadounidense ante los magistrados de la Corte.

Este proceso legal es seguido de cerca por autoridades internacionales y organismos de derechos humanos, dado el impacto que tendrá en los protocolos migratorios regionales. La resolución que emita la Suprema Corte no solo determinará el futuro inmediato de las expulsiones hacia terceros países, sino que sentará un precedente significativo sobre la capacidad del poder ejecutivo para implementar políticas de control fronterizo sin el aval previo de tribunales inferiores.

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