Docentes universitarios inician paro nacional exigiendo cumplimiento presupuestario y mejoras salariales
El sector educativo universitario convoca a una jornada de paro nacional ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento a 300 días de su sanción. La movilización principal se llevará a cabo frente a la Casa Histórica con la participación de sindicatos y representantes estudiantiles.
Los gremios docentes de las universidades nacionales han convocado a un paro de actividades de alcance nacional para este miércoles, en respuesta a la falta de transferencia de las partidas presupuestarias comprometidas por el Ejecutivo Federal. A 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento en el Congreso de la Unión, la comunidad académica denuncia que las promesas de mejora salarial y actualización de fondos operativos siguen sin materializarse en el presupuesto asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La medida de fuerza, que busca visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, tendrá su epicentro en la Casa Histórica. Allí, delegados sindicales, autoridades universitarias y representantes de diversas federaciones estudiantiles se concentrarán para exigir a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades competentes la aplicación inmediata de los recursos legales establecidos para garantizar la operatividad institucional.
Durante los últimos meses, las instituciones de educación superior han reportado dificultades crecientes para cubrir gastos básicos de funcionamiento, mantenimiento y salarios, los cuales han quedado rezagados frente a la inflación acumulada. Los portavoces del frente sindical han enfatizado que la persistencia del recorte presupuestario pone en riesgo la continuidad de los programas de investigación y la calidad educativa impartida en los planteles públicos de todo el país.
La movilización no solo busca una recomposición salarial urgente para los trabajadores académicos, sino también la defensa del presupuesto universitario frente a lo que han calificado como un sistemático proceso de desfinanciamiento. Los organizadores han instado a las autoridades federales a establecer una mesa de diálogo permanente que permita destrabar el conflicto y asegurar la viabilidad financiera de las universidades antes de que finalice el ciclo lectivo vigente.
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