El costo económico de desmantelar instituciones públicas en México

La premisa planteada por Douglass North, Premio Nobel de Economía, sobre las causas del atraso en las naciones cobra relevancia en el México de julio de 2026. La fortaleza de un país no reside únicamente en sus recursos naturales, sino en la calidad y permanencia de sus instituciones. Cuando los marcos regulatorios y los organismos técnicos son alterados sin una transición clara, se genera un vacío que impacta directamente en la confianza de los sectores productivos y en la eficiencia del gasto público supervisado por la SHCP.

En la administración actual, diversas reformas han buscado transformar la estructura del Estado, alterando las funciones de entes autónomos y dependencias clave. Este proceso ha sido calificado por analistas económicos como un periodo de reconfiguración institucional. Mientras algunos sectores argumentan que estos cambios son necesarios para optimizar la administración de los recursos, otros advierten sobre los riesgos de eliminar mecanismos de contrapeso que históricamente han garantizado la transparencia en sectores como la energía y la salud.

La experiencia internacional sugiere que, cuando los procesos de cambio institucional prescinden de la evidencia técnica, el costo de oportunidad para el crecimiento del Producto Interno Bruto suele ser elevado. En México, la desaparición o fusión de áreas especializadas dentro de las secretarías de Estado ha provocado que la toma de decisiones sea más centralizada. Esta dinámica plantea retos significativos para la continuidad de proyectos a largo plazo que requieren estabilidad normativa para atraer inversión privada y fomentar la competitividad regional.

El desafío para el gobierno federal radica en demostrar que la nueva estructura administrativa puede ser igual de eficiente que los sistemas que sustituye. La eficacia de estas reformas dependerá de la capacidad de los nuevos órganos para mantener la calidad técnica en áreas críticas, como la supervisión del sistema financiero por parte de Banxico o las evaluaciones de política social realizadas por el CONEVAL. La historia económica advierte que destruir lo que funciona sin un sustituto probado suele derivar en estancamiento institucional.

Finalmente, la sociedad mexicana observa cómo estos cambios impactan en los servicios básicos y en la operatividad de las instituciones. El debate sobre la pertinencia de estas transformaciones permanece abierto en el Congreso de la Unión, donde las bancadas discuten los alcances de las leyes secundarias. La solidez de México dependerá, en última instancia, de si los cambios actuales logran fortalecer la gobernanza o si, por el contrario, debilitan la capacidad de respuesta del Estado ante las crisis económicas globales.