Esposa de Fernando Farías Laguna denuncia amenazas ante la Fiscalía

La esposa de Fernando Farías Laguna denunció formalmente haber recibido diversas amenazas de muerte durante las últimas semanas, con el objetivo de que cese sus señalamientos públicos sobre el caso que involucra a su pareja. A través de su equipo legal, la mujer confirmó que los actos de intimidación han escalado en frecuencia, lo que ha elevado el temor por su integridad física y la de su entorno cercano. La representación jurídica ha solicitado la intervención de las autoridades competentes para garantizar su protección inmediata ante la gravedad de las advertencias recibidas.

El equipo legal señaló que las intimidaciones han llegado por vías telefónicas y mensajes anónimos, los cuales exigen explícitamente que la denunciante guarde silencio sobre los avances y detalles de la investigación que sigue el proceso de Farías Laguna. Ante esta situación, los abogados han presentado las pruebas correspondientes ante la Fiscalía General de la República para que se inicie una carpeta de investigación por el delito de amenazas y se establezcan las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la vida de la afectada.

Hasta el momento, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han sido notificadas sobre el nivel de riesgo que enfrenta la familia. Los representantes legales enfatizaron que ninguna presión externa logrará frenar su derecho a la libre expresión ni su búsqueda de justicia en las instancias judiciales correspondientes. Se espera que en los próximos días se defina el protocolo de protección que deberá ser implementado por parte de las fuerzas de seguridad federales o estatales.

Este suceso ocurre en un contexto de alta tensión jurídica, donde el caso de Fernando Farías Laguna continúa siendo objeto de escrutinio público. La defensa ha hecho un llamado a las instituciones del Estado mexicano para que actúen con celeridad y eviten que este tipo de actos de coacción queden en la impunidad, subrayando que la seguridad de los ciudadanos y de quienes participan en procesos legales debe ser una prioridad para las fiscalías en el país.