Excombatientes piden al presidente electo no generalizar responsabilidades del antiguo secretariado
Firmantes del acuerdo de paz solicitaron diferenciar sus procesos individuales de las acciones cometidas por el último secretariado ante el presidente electo.
Un grupo de firmantes del acuerdo de paz de 2016 hizo un llamado público al presidente electo de la República para evitar juicios generalizados sobre los excombatientes. La petición surge en un contexto de debate nacional donde los firmantes enfatizan que la paz no debe reducirse exclusivamente al silencio de las armas, sino a una construcción social y jurídica diferenciada.
Los representantes de los firmantes argumentaron ante diversos medios que no debe juzgarse al grueso de los integrantes por las decisiones o comportamientos asumidos por los miembros del último secretariado. Según sus portavoces, esta distinción es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de los compromisos adquiridos tras la firma del pacto original.
El mensaje fue dirigido directamente hacia el abogado Abelardo de la Espriella, cuyas posturas públicas han sido objeto de análisis por parte de los excombatientes. Los firmantes sostienen que la estigmatización colectiva pone en riesgo la reincorporación a la vida civil y la estabilidad de los proyectos productivos que se han desarrollado en distintas regiones del país desde hace una década.
Esta solicitud se alinea con las preocupaciones expresadas por diversos sectores sociales que vigilan el cumplimiento de los acuerdos de paz. Los firmantes proponen que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo, mantenga un diálogo abierto y técnico que permita evaluar las responsabilidades de manera individual, conforme a los mecanismos establecidos en la legislación vigente y las instancias de justicia transicional.
Finalmente, el colectivo reiteró su voluntad de seguir colaborando con las instituciones del Estado mexicano, tales como la Secretaría de Gobernación y los organismos encargados de la justicia, para consolidar una paz duradera. El grupo espera que las futuras políticas de seguridad y justicia, supervisadas por el Congreso de la Unión, reconozcan los esfuerzos de quienes han cumplido con su proceso de reinserción social.
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