FGR detiene a Ángel Aguirre Rivero por destrucción de evidencia en Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este viernes la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, tras una investigación que lo vincula directamente con la obstrucción de la justicia en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Según las autoridades federales, existen pruebas técnicas que señalan la responsabilidad directa del exfuncionario en la instrucción para destruir grabaciones de seguridad obtenidas durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en puntos clave de Iguala.

La orden de aprehensión, ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, se deriva de nuevos testimonios y el análisis de servidores de videovigilancia que permanecían bajo resguardo en archivos estatales. La FGR sostiene que la eliminación deliberada de este material audiovisual impidió conocer la trayectoria de las patrullas involucradas y la identidad de los elementos policiacos que participaron en la detención y traslado de los jóvenes estudiantes, constituyendo un delito grave contra la procuración de justicia.

El equipo jurídico de la Fiscalía señaló que esta acción forma parte de una nueva etapa en las indagatorias para desmantelar la red de complicidades que operó en Guerrero durante el sexenio pasado. La dependencia busca esclarecer cómo se orquestó la narrativa institucional para ocultar la participación de autoridades locales en la entrega de los normalistas a grupos de la delincuencia organizada que operaban en la región.

Tras su captura, el exmandatario estatal fue trasladado a un centro federal de readaptación social, donde se espera que comparezca ante un juez de control en las próximas horas para la audiencia de vinculación a proceso. Este hecho representa uno de los avances más significativos en la actual administración para romper el pacto de silencio que, según las familias de los jóvenes, ha obstaculizado el esclarecimiento pleno de los hechos ocurridos hace casi doce años.

Organizaciones de derechos humanos y representantes de los padres de los normalistas han manifestado que esta detención es un paso necesario para avanzar hacia la verdad y la justicia. No obstante, han reiterado su exigencia de que las autoridades federales continúen con las investigaciones contra cualquier otro servidor público, presente o pasado, que haya colaborado en la desaparición o en el encubrimiento de los responsables materiales e intelectuales del crimen.