FGR vincula a proceso a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este sábado que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ángel Aguirre, bajo los cargos de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Esta acción judicial representa un paso significativo en las investigaciones ministeriales que buscan esclarecer el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y desarticular la red de complicidades que impidió el acceso a la verdad durante años.

El Ministerio Público Federal presentó ante el juzgado una serie de elementos probatorios que sugieren la presunta participación del exgobernador en la alteración de la escena y la omisión deliberada de información clave durante la noche de los acontecimientos en 2014. Según la representación social, estas acciones fueron fundamentales para obstruir la justicia y desviar las líneas de investigación iniciales, lo que ha prolongado el sufrimiento de los familiares de las víctimas durante más de una década.

Tras conocerse la resolución, la FGR emitió un comunicado en el que reitera su compromiso institucional de llevar ante los tribunales a todos los responsables, sin importar su jerarquía política o social. Las autoridades ministeriales aseguraron que la búsqueda de la verdad continuará siendo una prioridad, garantizando que el proceso penal se realice conforme a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas.

Por su parte, los representantes legales de las familias de los normalistas han señalado que esta vinculación a proceso es un avance necesario para romper con la impunidad que ha caracterizado al caso. Han instado a la Fiscalía a mantener el rigor en la etapa de investigación complementaria, con el fin de fortalecer los argumentos que permitan obtener una sentencia condenatoria por los delitos de lesa humanidad que se persiguen.

El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en la estructura de justicia del país, por lo que la sociedad civil y los organismos internacionales mantienen una estrecha vigilancia sobre el desarrollo de este proceso judicial. La FGR ha indicado que no habrá tregua en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión pendientes, buscando que la justicia alcance a todos los niveles de gobierno que tuvieron participación en la desaparición de los jóvenes.