Fiscalía federal ordena acciones legales contra estados que rechacen menores migrantes

La Fiscalía General de la República ha formalizado este viernes un decreto que establece un marco de actuación estricto para aquellas entidades federativas que manifiesten reticencias ante el programa de reubicación de menores migrantes. La medida busca garantizar una distribución equitativa de los menores bajo tutela estatal, señalando que el incumplimiento de estos acuerdos derivará en procesos judiciales ante las autoridades competentes para asegurar el respeto a los derechos humanos y los compromisos institucionales vigentes.

El documento suscrito por la autoridad ministerial enfatiza que la colaboración entre los estados y el gobierno federal es obligatoria para atender la crisis humanitaria en las zonas de tránsito y frontera. Según fuentes cercanas a la Fiscalía, el decreto no solo busca la cooperación administrativa, sino que establece sanciones legales contra los funcionarios que obstaculicen de manera sistemática los protocolos de traslado, argumentando que la protección de la infancia es una prioridad que trasciende las diferencias políticas entre los niveles de gobierno.

Esta decisión ocurre en un contexto de tensiones políticas donde diversos gobernadores han expresado preocupaciones sobre la capacidad presupuestaria y de infraestructura de sus estados para recibir a un mayor número de menores. A pesar de estas posturas, el Ejecutivo Federal ha reiterado a través de la Secretaría de Gobernación que la coordinación nacional es innegociable y que se utilizarán todos los recursos legales al alcance para evitar que los menores permanezcan en condiciones de vulnerabilidad en los puntos de origen.

La postura de la Fiscalía ha generado diversas reacciones en la Cámara de Diputados, donde algunos grupos parlamentarios han solicitado mesas de diálogo para revisar los mecanismos de financiamiento para las entidades receptoras. Mientras tanto, el decreto se mantiene vigente y la Fiscalía ha advertido que cualquier negativa injustificada será procesada conforme a derecho, manteniendo el enfoque en la atención integral que brindan instituciones como el sistema de desarrollo integral de la familia en cada demarcación.