Gobierno federal advierte acción de la FGR ante rechazo a menores migrantes

La Secretaría de Gobernación ha emitido una advertencia formal dirigida a los gobiernos de las entidades federativas, señalando que la Fiscalía General de la República actuará de oficio contra cualquier autoridad que se niegue a participar en el programa de acogida de menores migrantes. Esta medida busca garantizar la atención integral y el respeto a los derechos humanos de los menores que se encuentran bajo resguardo en las zonas fronterizas, elevando la tensión política entre el Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales.

El Gobierno de México sostiene que el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de la niñez son responsabilidades compartidas que no pueden ser condicionadas por posturas políticas locales. Según la postura oficial, la negativa a recibir a los menores podría constituir una omisión en el ejercicio de las funciones públicas, lo que facultaría a la FGR para iniciar carpetas de investigación por posibles delitos contra el servicio público y violaciones a los derechos fundamentales de los infantes.

Por su parte, diversos gobernadores han expresado preocupaciones sobre la capacidad operativa y presupuestaria de sus estados para absorber la llegada constante de menores. Argumentan que el Sistema Nacional DIF requiere un mayor apoyo financiero y logístico de la Federación antes de exigir la recepción de nuevos grupos, solicitando mesas de trabajo conjuntas para definir criterios claros de distribución y financiamiento a largo plazo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado que la Guardia Nacional colaborará en los traslados necesarios siempre que se cuente con la coordinación necesaria con las autoridades de salud y educación estatales. La administración federal insiste en que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier diferencia administrativa, subrayando que la judicialización del proceso es un último recurso que pretenden evitar mediante el diálogo institucional.

Este escenario pone a prueba la coordinación entre el Gobierno de la República y las administraciones locales en un momento de alta presión migratoria. Mientras tanto, colectivos de derechos humanos han hecho un llamado a las partes para que la política migratoria se enfoque en la integración y la protección efectiva, evitando que los menores sean utilizados como piezas en el debate político nacional.