Gobierno federal propone duplicar la superficie nacional de cultivo de amaranto

El gobierno federal ha planteado una estrategia integral para duplicar la superficie dedicada al cultivo de amaranto en el territorio nacional. Esta iniciativa, anunciada este sábado 22 de agosto de 2026, busca incentivar a los pequeños productores agrícolas mediante apoyos técnicos y acceso a mejores canales de comercialización, con el objetivo de elevar la producción de este grano valorado por su alto contenido nutricional.

La propuesta contempla trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales en las regiones donde el amaranto ya cuenta con una tradición de cultivo arraigada, como las zonas altas del centro del país. De acuerdo con el equipo de trabajo encargado del proyecto, se pretende que esta expansión no solo aumente el volumen de cosecha, sino que también reactive las economías locales mediante el fortalecimiento de cadenas de valor regionales.

Dentro de los lineamientos generales, la administración busca fomentar la transición hacia métodos de siembra más sostenibles, integrando a los agricultores en programas de capacitación técnica. Las autoridades enfatizaron que el desarrollo de este plan se realizará mediante mesas de diálogo con representantes del sector agrario, quienes han solicitado certidumbre en los precios de garantía para asegurar la viabilidad de sus cosechas en los próximos ciclos agrícolas.

Esta política forma parte de los objetivos de soberanía alimentaria del actual sexenio, que prioriza el rescate de cultivos tradicionales que requieren menores cantidades de agua y son más resistentes a las condiciones climáticas variables. El equipo responsable de la coordinación señaló que la meta de duplicar el área de siembra se llevará a cabo de manera gradual, priorizando siempre el respeto a los usos y costumbres de las comunidades campesinas involucradas.

Finalmente, se espera que el incremento en la producción de amaranto contribuya a diversificar la oferta de productos en los programas de bienestar social y comedores comunitarios. La administración federal mantiene el compromiso de supervisar que los incentivos lleguen directamente a los trabajadores del campo, evitando intermediarios y fomentando la organización cooperativa en las entidades federativas con mayor potencial productivo.