Gobierno mexicano busca extradición de Fernando Farías por huachicol fiscal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este miércoles sobre las gestiones que realiza el Gobierno Federal para lograr el traslado al país de Fernando Farías, quien es señalado por las autoridades por su presunta participación en actividades vinculadas al denominado huachicol fiscal. El caso forma parte de una estrategia integral de la actual administración para combatir la evasión de impuestos en el sector energético y la comercialización ilícita de hidrocarburos que afecta la recaudación nacional.

El Gobierno Federal, a través de las instancias correspondientes como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República, mantiene comunicación con las autoridades extranjeras donde se localiza el empresario. El objetivo principal es asegurar que Farías comparezca ante los tribunales mexicanos para responder por las investigaciones abiertas en su contra por presuntos delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, la representación legal de Fernando Farías ha negado categóricamente que su cliente se encuentre actualmente bajo un proceso formal de extradición hacia territorio mexicano. Los abogados señalaron que, hasta el momento, no han sido notificados de ninguna orden de aprehensión o requerimiento oficial que active los mecanismos de cooperación internacional para su traslado, calificando las versiones oficiales como prematuras o imprecisas.

Desde Palacio Nacional, el equipo de comunicación social reiteró que la instrucción presidencial es agotar todas las vías diplomáticas y jurídicas necesarias para combatir la impunidad en los casos de alto impacto. La administración federal sostiene que la lucha contra el huachicol fiscal es una prioridad para proteger los ingresos del Estado y fortalecer el estado de derecho en el sector energético, por lo que continuarán con las diligencias necesarias en los próximos meses.

Este proceso se enmarca en las acciones de fiscalización que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT han intensificado contra grandes contribuyentes y empresas sospechosas de irregularidades. Mientras las autoridades mexicanas insisten en la necesidad de la extradición, el caso se mantiene como un punto de tensión entre la estrategia de procuración de justicia y los argumentos presentados por la defensa del imputado.