Ingresos públicos crecen 0.1% en primer semestre de 2026

Los ingresos presupuestarios del gobierno federal mexicano ascendieron a 4.27 billones de pesos durante el primer semestre de 2026, lo que representó un incremento real de 0.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año previo. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este resultado se mantuvo 141,000 millones de pesos por debajo de lo programado inicialmente en la Ley de Ingresos de la Federación.

El componente más dinámico en la estructura de recaudación fue el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual registró su mayor incremento en los últimos 12 años. Este desempeño fiscal ha sido clave para sostener los niveles de captación ante un entorno económico global que exige una gestión cautelosa de los recursos públicos, permitiendo al Estado cubrir gran parte de los compromisos presupuestarios comprometidos para el ejercicio en curso.

La atención de los analistas financieros se mantiene centrada en el equilibrio de las finanzas públicas y las proyecciones fiscales para el resto del año. Si bien el crecimiento es marginal, la solidez en la recaudación tributaria es vista por el sector económico como un elemento de estabilidad, incluso cuando las presiones sobre el gasto público continúan siendo un factor determinante para la planificación de la segunda mitad de 2026.

A pesar de las variaciones observadas en otros rubros de ingresos, la estrategia implementada por el SAT ha logrado mitigar los efectos de una menor actividad en sectores específicos de la economía nacional. La SHCP continúa monitoreando la evolución de estos indicadores para asegurar que el margen de maniobra fiscal se mantenga dentro de los parámetros establecidos por el Congreso de la Unión.

Finalmente, el gobierno federal prevé que el ritmo de recaudación mantenga una tendencia estable hacia el cierre del ejercicio fiscal. Las autoridades mantienen la premisa de no recurrir a nuevos impuestos ni aumentar las tasas vigentes, confiando en la eficiencia administrativa para consolidar los ingresos necesarios que permitan financiar los programas prioritarios y el desarrollo de infraestructura en las distintas entidades federativas.