Investigan triangulación financiera de 3 mil millones vinculada a Ernesto Ruffo
La FGR ha iniciado una investigación sobre un complejo esquema financiero que involucra a la empresa Ingemar y movimientos internacionales de hidrocarburos.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación sobre un esquema de triangulación financiera que involucra a la empresa Ingemar, vinculada al político Ernesto Ruffo Appel. De acuerdo con las indagatorias preliminares, el flujo de recursos asciende a más de 3 mil millones de pesos, los cuales habrían sido movilizados mediante operaciones que involucran el sector de hidrocarburos y diversas entidades internacionales.
Las autoridades federales analizan la trazabilidad de los fondos para determinar posibles irregularidades fiscales y patrimoniales. Según fuentes cercanas al caso, el esquema detectado sugiere la utilización de estructuras corporativas para mover capitales fuera de las rutas comerciales convencionales, lo que ha puesto a la empresa Ingemar bajo el escrutinio de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía especializada en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente integra información sobre contratos de comercialización de energéticos que habrían servido como fachada para transferencias internacionales. Hasta el momento, las diligencias se han centrado en el análisis de estados financieros y registros contables que vinculan a diversos operadores con el manejo de estos recursos, buscando identificar si el origen y destino del dinero cumple con la normativa vigente en México.
El equipo legal vinculado a los involucrados ha señalado, mediante comunicados, su disposición para colaborar con las autoridades si el caso llega a instancias judiciales. Por su parte, la FGR continúa con la recolección de pruebas periciales en materia contable para esclarecer si las operaciones reportadas constituyen una violación a las leyes fiscales o si se trata de transacciones comerciales legítimas bajo investigación.
Este caso representa uno de los procesos de fiscalización más amplios realizados recientemente por el gobierno federal en el sector energético. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para integrar los expedientes que permitan determinar si existió una evasión sistemática o un esquema de lavado de dinero que requiera la intervención del Poder Judicial.
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