Morena propone revisar academias militarizadas tras el caso Dafne en Tamaulipas

La bancada de Morena en el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para solicitar una revisión exhaustiva de las academias e internados de corte militarizado que operan en el país. Esta iniciativa surge tras el reciente fallecimiento de una menor identificada como Dafne en una institución de este tipo ubicada en el estado de Tamaulipas, un hecho que ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad y trato a los menores dentro de estos centros privados.

El grupo parlamentario argumenta que es necesario que la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana coordinen inspecciones en estas instalaciones. La propuesta busca verificar que los centros cumplan con las normativas vigentes de derechos humanos y protección infantil, ante los constantes reportes sobre presuntos maltratos físicos, castigos desproporcionados y el uso indebido de armas en entrenamientos destinados a jóvenes y niños.

La iniciativa legislativa también contempla un llamado a las autoridades estatales para que supervisen las licencias de funcionamiento de estos establecimientos. Los senadores proponen establecer un registro nacional que permita monitorear las condiciones de vida y los métodos de instrucción aplicados, con el objetivo de prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad física y mental de los alumnos inscritos en programas de formación bajo esquemas castrenses.

Aunque existen regulaciones educativas generales, los legisladores señalan que las academias militarizadas a menudo operan en una zona gris normativa debido a sus modelos internos de disciplina. La revisión propuesta busca cerrar estos vacíos legales, asegurando que ninguna institución privada pueda aplicar protocolos que contravengan la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ni los tratados internacionales suscritos por México en materia de derechos humanos.

Se espera que el punto de acuerdo sea turnado a las comisiones correspondientes para su análisis y posible dictamen en los próximos días. Mientras tanto, colectivos sociales han solicitado que se realicen investigaciones transparentes sobre el caso particular ocurrido en Tamaulipas para deslindar responsabilidades administrativas y penales, garantizando que el proceso sea llevado a cabo por las fiscalías competentes sin omisiones.