Omisión institucional tras agresión sexual a funcionaria en centro penitenciario
Autoridades penitenciarias han omitido presentar una denuncia ante la Fiscalía tras el ataque sexual sufrido por una trabajadora el pasado 19 de julio.
El pasado 19 de julio, una funcionaria de seguridad fue víctima de una agresión sexual por parte de un interno dentro del módulo 6 del centro penitenciario de Madrid VII. Según reportes internos, el recluso se abalanzó sobre la trabajadora y le realizó tocamientos de carácter sexual, un evento que ha generado preocupación entre el personal administrativo y operativo sobre la seguridad en las instalaciones carcelarias.
A pesar de la gravedad de los hechos reportados, las autoridades de la institución han optado por no presentar una denuncia formal ante la Fiscalía. Esta decisión ha sido cuestionada por diversos sectores, quienes señalan que la falta de un procedimiento legal penal podría sentar un precedente negativo sobre la protección de los derechos y la integridad física de los empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.
La ausencia de acciones legales por parte de la administración penitenciaria contrasta con las exigencias de los sindicatos, los cuales han solicitado una investigación exhaustiva y medidas correctivas inmediatas para garantizar la seguridad del personal. Argumentan que el protocolo ante agresiones debe ser riguroso y transparente, involucrando siempre a las autoridades ministeriales para asegurar que los actos violentos no queden impunes.
El caso ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los protocolos internos de seguridad y las políticas de gestión de personal ante situaciones de violencia de género y acoso. Mientras tanto, el personal del centro ha expresado su malestar ante lo que califican como una respuesta insuficiente ante una violación clara de los derechos laborales y humanos de la funcionaria afectada.
Especialistas en la materia han señalado que, aunque la institución cuenta con mecanismos de sanción administrativa, estos no sustituyen la responsabilidad penal que implica un delito de esta naturaleza. Se espera que en los próximos días surjan nuevas exigencias por parte de los colectivos de trabajadores para que los hechos sean turnados ante las instancias judiciales correspondientes a la brevedad posible.
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