ONG de mujeres migrantes rechaza fondos estatales por recortes presupuestales

El Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura anunció formalmente este sábado el rechazo a una partida presupuestaria de 78,216 euros asignada por la administración estatal. La decisión, según explicaron representantes de la organización, responde a una postura crítica frente a la reciente reordenación del gasto público pactada entre el Partido Popular y Vox, la cual consideran que afecta directamente a los programas de atención social destinados a sectores vulnerables.

La organización señaló que la recepción de estos recursos sería incompatible con su labor de defensa de los derechos humanos y la integración de personas en situación de movilidad. De acuerdo con el comunicado emitido por la agrupación, la modificación en las prioridades de gasto estatal supone un retroceso en las políticas de apoyo que, según las activistas, son fundamentales para garantizar la cohesión social y el bienestar de las comunidades migrantes en la entidad.

Desde el colectivo se enfatizó que esta medida de presión busca visibilizar el costo social derivado de los ajustes presupuestarios implementados tras el acuerdo de coalición. La ONG argumentó que, ante un escenario donde se recortan apoyos a colectivos específicos, resulta necesario marcar una línea ética clara respecto al financiamiento público condicionado por nuevas directrices ideológicas.

El equipo de trabajo del movimiento subrayó que continuarán buscando fuentes de financiamiento alternativas para mantener sus actividades de acompañamiento y asesoría. Asimismo, reiteraron su compromiso con las personas migrantes, asegurando que el rechazo a los fondos no implica el cese de sus funciones operativas, sino una reafirmación de su autonomía frente a las autoridades estatales.

La controversia ha generado diversas reacciones en el ámbito político local, donde se debate sobre el impacto de la colaboración entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Mientras tanto, la agrupación mantiene su postura, exigiendo que las políticas públicas prioricen la atención a las necesidades básicas y la protección de los derechos de toda la población residente en el estado.