Sheinbaum cuestiona deportación de mexicanos hacia terceros países desde Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó este jueves su rechazo ante la reciente política migratoria implementada por el Gobierno de Estados Unidos, la cual ha resultado en la deportación de más de dos mil 900 ciudadanos mexicanos hacia países centroamericanos. Durante su conferencia matutina, la mandataria calificó esta práctica como una irregularidad diplomática y un atentado contra los derechos humanos de los connacionales, quienes son trasladados a naciones donde no tienen vínculos ni residencia legal.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sido instruida para elevar una queja formal ante las autoridades estadounidenses, exigiendo la repatriación directa al territorio nacional. Según fuentes de la cancillería, el Gobierno de México busca clarificar las razones por las cuales se está utilizando territorio de terceros países para procesar a ciudadanos mexicanos, una situación que, según la administración federal, contraviene los acuerdos consulares vigentes entre ambas naciones.

La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la soberanía nacional y la protección de los derechos de los migrantes son ejes innegociables de su política exterior. Sheinbaum subrayó que su administración trabajará en coordinación con las embajadas y consulados para brindar asistencia legal y logística a los ciudadanos que han sido dejados en condiciones de vulnerabilidad fuera de las fronteras mexicanas, buscando garantizar su retorno seguro a territorio nacional.

Por su parte, el equipo de la SRE ha comenzado a entablar mesas de diálogo técnico con sus homólogos estadounidenses para revisar los protocolos de repatriación. La postura oficial sostiene que cualquier proceso de deportación debe ser transparente, seguro y respetar la dignidad de las personas, evitando que los connacionales sean tratados como población flotante en terceros países sin las garantías mínimas de protección.

Finalmente, la presidenta reiteró que México mantendrá una postura firme en defensa de sus ciudadanos, independientemente de su estatus migratorio en el extranjero. El Gobierno de la República espera que las autoridades estadounidenses rectifiquen esta medida en el corto plazo para evitar que más familias mexicanas enfrenten la incertidumbre jurídica y el peligro que representa ser abandonadas en territorios ajenos a su lugar de origen.