Sheinbaum descarta trasfondo político en indagatoria contra Ernesto Ruffo

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, desestimó este sábado cualquier intención política detrás de las indagatorias que involucran a Ernesto Ruffo en presuntas irregularidades. Durante su conferencia de prensa matutina, la titular del Ejecutivo federal subrayó que las autoridades competentes mantienen un proceso estrictamente técnico y apegado a derecho, enfocado en esclarecer posibles delitos de carácter administrativo y fiscal.

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno Federal, la red bajo investigación está conformada por una estructura compleja que presuntamente facilitaba el trasiego ilícito de hidrocarburos. Según los datos expuestos, el esquema operativo contaba con la participación directa de agentes aduanales, una empresa constituida formalmente y una red de distribución de combustible que operaba al margen de la normativa vigente.

La Presidenta enfatizó que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el huachicoleo y el contrabando de energía en las aduanas del país. Aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con autonomía técnica para profundizar en los hallazgos sin recibir instrucciones de índole partidista, garantizando que el proceso se dirija exclusivamente hacia los responsables de las irregularidades detectadas.

Al ser cuestionada sobre las implicaciones del caso, la mandataria reiteró que el compromiso de su administración es con la transparencia y la legalidad en todos los sectores. Señaló que no se debe confundir la aplicación de la ley con una persecución, insistiendo en que cualquier persona, independientemente de su trayectoria pública, debe responder ante las instituciones si existen elementos probatorios de una falta.

Finalmente, el Gobierno de México precisó que el expediente continúa en fase de recopilación de pruebas por parte de las autoridades investigadoras. Se espera que en los próximos meses la FGR presente los resultados concluyentes del caso ante las instancias judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse de la red de distribución detectada.