Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en Ayotzinapa

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal dictó este miércoles auto de vinculación a proceso en contra de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada relacionado con el caso Ayotzinapa. La resolución judicial se emitió tras una audiencia que se prolongó por varias horas, en la cual la Fiscalía General de la República presentó los elementos que vinculan al exmandatario con los hechos ocurridos en septiembre de 2014 en Iguala.

Durante el proceso, la defensa legal del exgobernador presentó un total de 31 datos de prueba con el objetivo de desacreditar la acusación formulada por el Ministerio Público Federal. Los abogados defensores buscaron desvirtuar la narrativa de la Fiscalía, argumentando que las pruebas presentadas carecen de sustento directo para acreditar la participación del imputado en la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Tras valorar los argumentos de ambas partes, el juzgador determinó que los datos expuestos por la Fiscalía son suficientes para iniciar un juicio formal. Como medida cautelar, se ratificó la prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado continuará su proceso recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el penal del Altiplano, en el Estado de México.

El órgano judicial estableció un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación complementaria, periodo durante el cual tanto la FGR como la defensa podrán aportar nuevos elementos probatorios. Este tiempo permitirá profundizar en las diligencias necesarias para esclarecer los hechos que marcaron la historia reciente de Guerrero y que permanecen como una de las investigaciones de mayor relevancia para la justicia federal mexicana.

El caso contra el exgobernador se suma a las diversas acciones emprendidas por las autoridades federales en los últimos años para esclarecer la verdad sobre el paradero de los estudiantes. La resolución de este miércoles representa un paso significativo en el proceso penal que busca deslindar responsabilidades sobre la cadena de mando y las omisiones ocurridas durante aquella noche en el municipio de Iguala.