Canarias amenaza con llevar a tribunales imposición estatal sobre menores migrantes

La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, ha manifestado este sábado que el gobierno estatal podría enfrentarse a un proceso ante los tribunales si insiste en imponer la designación obligatoria de un defensor para los menores migrantes no acompañados. Esta postura surge ante el creciente desacuerdo sobre las competencias administrativas en la gestión de la atención a la infancia en situación de movilidad dentro del territorio nacional.

Desde la administración estatal se ha planteado la posibilidad de establecer esta figura como un mecanismo de protección reforzada, sin embargo, desde la entidad federativa se argumenta que dicha imposición vulnera sus facultades de gestión interna. La consejera Delgado ha enfatizado que, de concretarse una orden directa que contravenga la autonomía de gestión de las instituciones locales, el equipo jurídico estatal de Canarias está preparado para interponer los recursos necesarios ante las instancias judiciales correspondientes.

El conflicto refleja la tensión existente respecto a los protocolos de atención y la responsabilidad compartida en la protección de menores migrantes. Mientras el gobierno federal busca estandarizar los procesos de tutela mediante la figura de un defensor designado, las autoridades locales sostienen que la implementación de medidas debe ser consensuada y respetuosa con los marcos operativos vigentes en cada entidad federativa.

La posibilidad de una resolución judicial marcaría un precedente importante en la relación entre el poder central y las entidades locales sobre el manejo de crisis migratorias. Por ahora, las autoridades estatales mantienen su postura de rechazo a cualquier directriz que consideren una injerencia en sus atribuciones legales, dejando la puerta abierta a una intervención de la Suprema Corte si las negociaciones políticas no logran un punto de equilibrio.