Investigan ganancias por 340 millones de pesos en casos de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) intensificó las acciones legales contra una red de contrabando de combustibles, conocida como huachicol fiscal, tras estimar ganancias ilícitas por un monto de 340 millones de pesos. Las investigaciones apuntan a la operación sistemática de empresas fantasma y esquemas de evasión en el sector energético, afectando los ingresos tributarios del Estado mexicano.

Como parte de esta estrategia de combate a la corrupción, se han girado nuevas órdenes de aprehensión contra personas vinculadas directamente con la estructura operativa de estas organizaciones. Entre los señalados se encuentran accionistas, apoderados legales, socios comerciales y enlaces estratégicos que facilitaban la comercialización irregular de hidrocarburos en seis estados de la República, donde se concentraba la mayor actividad ilícita.

Las autoridades federales han trabajado en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para rastrear el flujo de los recursos financieros obtenidos mediante la alteración de pedimentos aduanales y el etiquetado falso de productos derivados del petróleo. Este esquema permitía a los implicados evadir el pago de impuestos especiales, logrando una ventaja competitiva desleal frente a los distribuidores legalmente establecidos en el mercado nacional.

Los operativos de búsqueda y captura se despliegan en diversas entidades federativas, donde agentes de la Guardia Nacional y personal de la FGR han realizado labores de inteligencia para localizar a los implicados. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si existen funcionarios públicos o empleados de instancias reguladoras que hayan facilitado la operación de estas redes mediante actos de omisión o colusión.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso judicial, las autoridades buscan desarticular no solo el brazo operativo, sino también la estructura financiera que permitía el lavado de activos derivados de esta actividad ilícita. La persecución de estos delitos es una prioridad para la actual administración, que busca fortalecer la recaudación fiscal y garantizar el orden en el mercado energético mexicano mediante la estricta aplicación de la ley.