viernes, 21 de agosto de 2026
México

ONU-DH señala deficiencias en la aplicación de leyes sobre desapariciones en México

El representante de la ONU-DH advirtió que la crisis de desapariciones en México demanda instituciones más especializadas y fortalecidas.

Redacción Enlace Caribe
Foto: eleconomista.com.mx

El representante en México de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Alan García, advirtió este viernes que el país enfrenta retos significativos en la aplicación efectiva de la normativa vigente contra la desaparición de personas. Durante un foro de análisis sobre derechos humanos, el funcionario señaló que la persistencia de este fenómeno exige una respuesta estatal más robusta, que trascienda los esfuerzos actuales y se enfoque en una verdadera coordinación interinstitucional.

García subrayó que, si bien existe un marco legal, el problema radica en la falta de capacidad operativa para ejecutar las leyes con eficiencia. Según el representante, la atención a las familias de las víctimas y la búsqueda de personas requieren instituciones altamente especializadas, con personal capacitado y recursos suficientes para realizar investigaciones técnicas profundas que permitan resultados tangibles.

El análisis presentado por la oficina internacional enfatiza que la prevención y el esclarecimiento de estos casos no deben depender únicamente de la voluntad política, sino de una estructura de Estado sólida. En este sentido, se propuso que las instancias encargadas de seguridad y justicia, como la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, fortalezcan sus áreas de búsqueda mediante la profesionalización constante y el uso de tecnologías forenses avanzadas que cumplan con los estándares internacionales.

Finalmente, la ONU-DH reiteró su disposición para colaborar con el Estado mexicano en el proceso de fortalecimiento institucional. La recomendación central se dirige hacia la creación de mecanismos que garanticen la autonomía técnica de las unidades de búsqueda, asegurando que los derechos de las víctimas sean el eje central de cualquier estrategia de seguridad pública implementada en el territorio nacional.

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